
Los militares culpables del homicidio de 10 policias y un civil en Jamundí recibieron las más altas condenas en la historia de la institución: 54 años de cárcel al coronel Byron Carvajal; entre 50 y 52 años a sus hombres. La defensa anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Cali.
El juez cuarto penal especializado, Edmundo Octavio López Guerrero anunció ayer, después de siete horas de audiencia, que los 15 militares del batallón Lince de Alta Montaña No. 3 eran culpables del delito de homicidio agravado. López dijo que los militares asesinaron con pleno conocimiento y convencimiento a 10 policías de la Dijín y a un civil, que era informante tanto del ejército como de la policía, el 22 de mayo de 2006, entre las 6:00 y las 6:20 p.m. en el corregimiento de Potrerito, Valle.
Por estos motivos, el juez condenó al Coronel Byron Carvajal a 54 años de cárcel por ser el determinador del crimen y a 52 años de cárcel fue condenado el teniente Harrison Eladio Castro, quien estaba a cargo del pelotón. Los tres suboficiales, los sargentos Jaime Humberto Montenegro y José Aurelio Palacio y el cabo Elber Jesús Osorio tendrán que pagar una condena de 50 años cada uno, por ser coautores del hecho. También tendrán que pagar 50 años de cárcel los soldados Carlos Erazo, Luis Carvajal, Nelson Enrique David, José Alfredo Mantilla, José Geiner Peñaranda, Julio César Rosero, Wilson Rafael Bohórquez, Mauricio Arcángel, Adolfo Riaño y Julián Pomeo. Sumadas las condenas de todos alcanzan los 756 años de prisión.
Luego de conocerse el fallo, la abogada defensora Yudy Castro dijo que apelaría la decisión y la llevaría ante el Tribunal Superior de Cali. Según ella hay varios registros en los que el juez se equivoca y que el perito de la Fiscalía Nelson Isaza Yepes no logró comprobar las intenciones criminales de los mensajes enviados por celular entre el coronel Carvajal y el sargento Luis Mahecha. Si el Tribunal niega el recurso, llevarán el proceso ante la Corte Suprema de Justicia.
Aunque la defensa buscó que a los condenados se les permitiera quedarse en una guarnición militar, el juez ordenó que debían ser trasladados a las cárceles de Villahermosa y Palmira.
Un proceso controvertido
Unos días después de que sucedió el asesinato de los 10 policías y un civil, la comandancia militar argumentó que se trataba de un caso nuevo de “fuego amigo”, y de un error militar. Dijeron que por estos motivos debían ser juzgados por la justicia penal militar. Pero el fiscal general Mario Iguarán y el presidente Álvaro Uribe solicitaron que el caso pasara a manos de la justicia ordinaria, a través del nuevo sistema oral acusatorio. En ese entonces el presidente Uribe dijo: “Hemos tomado la decisión de que la Justicia Penal Militar no haga la investigación. Que la haga exclusivamente la Fiscalía General y que ésta nos ayude diciéndole con toda claridad al país todo lo que pasó, porque puede haber desastres o errores militares, pero no delitos militares”.
El polémico juicio, que comenzó el 18 de diciembre de 2006, duró 1 año y dos meses. El pasado 17 de febrero los militares fueron encontrados culpables y hace dos semanas la Procuraduría General de la Nación también dictó pliego de cargos contra 17 militares más, entre ellos un general por su presunta coautoría.
Durante todo el tiempo que duró el proceso hubo acusaciones mutuas sobre irregularidades técnicas y éticas entre defensores de los militares y fiscales. Lo más grave en el proceso fue la renuncia del ex fiscal Leobardo Latorre, quien hizo parte del equipo de apoyo jurídico de la Fiscalía, liderado por el fiscal Javier Tamayo. Luego de salir de la Fiscalía, Latorre le ofreció sus servicios a la defensa por 800 millones de pesos argumentando que “el caso de Jamundí es político, yo fui el autor intelectual del montaje, yo sé cuales fueron los goles que le metimos al juez y la defensa. Esos se caen en un proceso de revisión”.
Los cuestionamientos de la Defensa
Para la defensa de los militares es cuestionable que uno de los testigos presenciales, por ejemplo, no fuera tenido en cuenta en el juicio. Este testigo terminó declarando en contra de la Fiscalía. Dijo que lo habían amenazado, que si no declaraba en contra de los soldados, le matarían una hermana. El 30 de enero, el juez leyó una declaración extrajuicio de este testigo en la que afirmaba que el Fiscal Tamayo y un coronel de la policía lo habían querido obligar a declarar que tres de los militares tenían nexos con el narcotráfico.
La defensa también ha cuestionado el hecho de que los altos mandos de la policía, a excepción del General Oscar Naranjo, quien era entonces director de la Dijin, no tuvieran conocimiento de que en la zona estaba presente el grupo de policías realizando un decomiso de droga y trabajaba de incógnito. Ni el Comandante de la Policía del Valle, el Comandante Metropolitano de Cali, el jefe de Vigilancia de operaciones en Jamundí, el Comandante de la policía de Jamundí, ni el Comandante de la Escuela Metropolitana de Carabineros de Cali sabían de la presencia de los policías ese día en ese lugar.
Otro de los hechos más cuestionados es que la Fiscalía no le haya dado la importancia suficiente a la participación de la Subintendente Diana Bieney Marulanda, la mano derecha del mayor Elkin Molina de la policía, quien murió en el ataque. Marulanda confesó, luego de que la Fiscalía comprobara que la orden de marcha de la policía ese día había sido fabricada por ella misma, luego de que hubieran ocurrido los hechos. Marulanda dijo haber falsificado la firma del general Molina para salir a realizar esa operación en esa zona porque tenía miedo de que fueran a perjudicar a su jefe. A los policías nunca se les encontró orden de allanamiento, de captura o de trabajo en el lugar de los hechos.
Las pruebas de la Fiscalía
Pero el ente acusador también logró presentar pruebas en el proceso que en últimas llevaron al juez a determinar que los soldados eran culpables. Entre las pruebas más importantes están las grabaciones y mensajes que se enviaron el coronel Byron Carvajal, el soldado Mahecha y Luis Betancourt, el informante que murió, donde se habla de una operación de emboscada u operación que debía comenzar justo a las 18 horas. “Retire emboscada. La gente a los sitios reconocidos y que duerman. Todo quedó para esta noche. Pendientes, el cupo viene con el pollo para que salgan a reclamarlo”, dijeron en un mensaje. Según la Fiscalía el “pollo” es el informante, según los militares era la comida de esa noche.
También se conoce que desde la estación de Policía de Jamundí se enviaron dos camionetas con refuerzos del Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar) de la policía, cuando oyeron la balacera, pero los refuerzos también fueron atacados por los soldados y tuvieron que retroceder y pedir más refuerzos. Cuando llegaron después al sitio, estaban presentes los militares del batallón y no quedaba un solo policía vivo. Otro de los testigos, el director del hogar psiquiátrico Mi Casita, Sergio Berrío, que está aledaño al lugar donde ocurrieron los hechos, testificó sin embargo que él alcanzó a escuchar las súplicas de los policías para que no los mataran.
Adicionalmente, tres informantes que trabajaron con el Ejército, acudieron a las oficinas del CTI en Cali unos días después de ocurrido el asesinato, y les contaron a los fiscales que en Villa Colombia, un poblado en la parte alta de Jamundí, el batallón de alta montaña comercializaba coca. Según las averiguaciones del ente acusador, los militares no habrían reportado este decomiso, además, de acuerdo con los testimonios de más de siete personas, la estarían vendiendo en la región.
Lo que queda pendiente
Después de 170 sesiones, 101 testigos y 603 pruebas aportadas al proceso, no se pudo establecer el motivo por el cual los militares asesinaron a los diez policías y un civil. Tampoco se comprobó si el pelotón Lince le hacía favores a narcotraficantes como se especuló en un comienzo. Al respecto, el propio Carvajal reveló en el programa La Noche del canal RCN, que hace varios meses denunciaron al fiscal general Mario Iguarán, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por sus declaraciones en el sentido de catalogar lo ocurrido en Jamundí, como un ¨mandado de la mafia´.
El juez sin embargo consideró que la culpa estaba lo suficientemente clara como para condenarlos, y encima imponerles penas sin precedentes, pues nunca militares colombianos había recibido tal castigo. Durante la argumentación del fallo, el propio juez anticipó que ésta sería ejemplarizante. Y así quedará, salvo que la apelación de la defensa tenga éxito.